Páginas

martes, 18 de marzo de 2014

Los impuestos perdidos

En septiembre de 2013 el Servicio de Administración Tributaria perdió un litigio contra Wal-Mart en el que, por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), tuvo que devolverle 132.4 millones de pesos. El mercado para la evasión fiscal y la devolución millonaria de impuestos es algo común en nuestro país. El texto de Saúl López Noriega "Manual para (no) pagar impuestos" relata claramente cómo muchos han hecho un buen negocio con esto y que el boquete que representa la evasión fiscal es de casi 1.8% del PIB nacional.


Este no es el único punto de fuga fiscal, ya que legalmente las empresas pueden eludir impuestos mediante la aplicación de exenciones fiscales. Según datos de la SHCP, en 2013 la aplicación de los regímenes de excepción se calculó en 590.8 millones de pesos, igual a 3.68 puntos del PIB. Si sumamos ambas cifras, eso significa que hay una pérdida de recaudación fiscal de casi 5.5% del Producto Interno Bruto. 

Esta cifra no es menor si la ponemos en perspectiva: en 2013 Hacienda recaudó 10.2% del PIB en impuestos. La reforma hacendaria del año pasado se propuso incrementar la recaudación en 1.4 puntos del PIB. México recaudaría 50% más de lo que hace actualmente si combatiera la elusión y la evasión en lugar de buscar incrementar las tasas de impuestos a los contribuyentes cautivos. 

Pero el combatir a quiénes se benefician de este sistema sería como si el gobierno se disparara en el pie, porque muchos de quiénes están en este grupo son prominentes y cercanos amigos o colaboradores de quienes están en el poder. Esta frase parece caer en la burda crítica de que los políticos ayudan a sus amigos y siempre los benefician, pero el problema es que en México no podemos ir más allá del sospechosismo porque no hay modo de negarlo o confirmarlo. ¿Por qué?

Porque en México saber quiénes se benefician de las exenciones y devoluciones fiscales es ilegal. En julio de 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el caso 699/2011, en el que el "secreto fiscal", es decir, la confidencialidad de la información personal de los contribuyentes, no era sujeto del principio constitucional de máxima publicidad y transparencia. La resolución dice que sí deberíamos saber los montos de devoluciones fiscales, pero no los nombres y apellidos de los beneficiarios. Aparentemente podría afectar al interés público que la ciudadanía sepa quiénes son los consentidos de Hacienda. 

Para poner la cuestión en términos comparativos, valdría la pena saber qué sucede en otras sociedades:

En Noruega anualmente el gobierno publica una lista llamada "Skattelister" con los ingresos, activos e impuestos pagados por todos los ciudadanos. Se realiza desde 1863 y no sólo aparece su información financiera y fiscal, sino su edad, dirección y teléfono. La lista es pública y desde 2001 se sube a internet. Si usted quiere saber cuánto gana, cuántos impuestos pago o en donde viven las personas más ricas, no necesita más que entrar a este sitio: http://skattelister.no/

En Finlandia la administración tributaria publica anualmente una lista similar, sólo que si un ciudadano quiere buscar información, cada consulta tiene un costo de 36 centavos de dólar. Pero esencialmente es pública.

En Suecia la información de los contribuyentes y la correspondiente a la devolución de impuestos es pública desde 1903. Aquí hay un "tax calendar", en el que cada año se publica la información por etapas, comenzando por los contribuyentes promedio y terminando por los más altos contribuyentes. Al final, si quieres puedes comprar en línea cada uno de los "paquetes", el de los más ricos o el de la gente con ingresos promedio y te los envían físicamente. Cuestan 262 coronas, algo así como 640 pesos. Cualquiera puede ordenar este compendio y lo envían físicamente a tu domicilio, basta entrar a esta página: http://www.taxeringskalender.com/

En México, hace un par de meses se desató un escándalo porque el SAT publicó una lista de los contribuyentes morosos. Aparentemente esta decisión va en el sentido correcto, pero si consideramos los números y la información previa, es más relevante saber a quiénes y cómo se está beneficiando. Si nos comparamos con los países nórdicos, estamos a años luz de equiparar la cultura fiscal que los anima, pero eso no impide que tratemos de dar pasos en la dirección adecuada. 

En tanto el gobierno siga beneficiando y ocultando a quiénes son sujetos de este buen trato fiscal, no habrá condiciones para legitimar los incrementos en los impuestos o cualquier tipo de acción gubernamental. En los países descritos previamente el pacto fiscal se sustenta en el conocimiento generalizado de que uno paga impuestos porque los otros también lo hacen y quienes se benefician de regímenes especiales tienen cara y dirección. Mientras nosotros no tengamos material y evidencia para dejar de sentirnos contribuyentes cautivos, pedirnos estar de acuerdo con este arreglo fiscal se vuelve risible. 

@leonugo

lunes, 9 de septiembre de 2013

¿Para qué quieren el dinero?



Este fin de semana el gobierno federal presentó su iniciativa de reforma hacendaria, con la que busca recaudar 240 mil millones de pesos en 2014, en comparación con los 108 mil 465 millones que recaudó en 2012. El objetivo que se proponen es claro: el gobierno necesita más dinero.

Antes de analizar las ventajas o desventajas de elevar la tasa del ISR a 32% o de establecer IVA a chicles, alimentos para mascotas y joyas (en verdad eso es parte de la propuesta de reforma), habría que preguntarnos por qué la solución del gobierno es tener más ingresos aumentando los impuestos en lugar de mejorar los esquemas existentes de recaudación o, mejor aún, de gasto público.

Si simplemente se trata de tener más dinero, bien les haría recordar que hace 20 años se disminuyó la tasa del ISR y la recaudación no disminuyo, al contrario, se incrementó. Lo que sucede es que actualmente las tasas de impuestos están llenas de excepciones para las grandes empresas. Tan sólo en lo que va de este año las estimaciones oficiales las grandes empresas han dejado de pagar 9 mil 554 millones de pesos por conceptos de excepciones. Pero no sólo hay que criticar su manera miope de querer obtener dinero, sino para qué lo quieren.

El Estado mexicano busca incrementar su gasto hasta llegar al punto deficitario, sin embargo, actualmente su gasto es ineficiente, excesivo y poco o nada se refleja en la realidad mexicana. En una publicación previa en otro blog (disponible aquí) se mostraba cómo el gasto en México, comparado con el de otros países, no reducía la brecha de desigualdad, como sí lo hace de manera sustantiva en otras naciones.

Simplemente aceptar que al darle más dinero al gobierno las cosas van a funcionar mejor estaríamos pecando de extrema ingenuidad. No se trata de tener más simplemente, sino cómo se gasta. Los episodios de corrupción o de partidas millonarias que la ciudadanía no puede conocer porque se manejan de modos discrecionales son ejemplos claros de huecos que el gobierno prefiere no combatir, sino promover.

Que nos endulcen el oído con programas de seguros de vida y demás ayudas asistencialistas no significa que el gobierno va a mejorar su gasto. De nada nos sirven estos programas si vienen aparejados con el crecimiento de los compadres en las oficinas mediante el ensanchamiento de la burocracia o el encubrimiento de la corrupción. No olvidamos cómo la propuesta de una comisión anticorrupción fue abandonada o cómo las reformas en materia de transparencia fueron más que descafeínadas en el Congreso por los intereses que amenazaban.

Debemos demandar al gobierno eficiencia en su gasto y la eliminación de los privilegios que se da a sí mismo y a los grandes empresarios. No podemos tolerar que la formula siempre sea incrementar los impuestos sin ofrecer ningún tipo de modificación en la estructura de gasto, como si merecieran un premio por su excelente gestión. Recordemos que los gobernantes son empleados al servicio de la nación, de nosotros. Bajo este esquema, un trabajador que hace bien su labor, usualmente es recompensado con un aumento salarial; mientras que el que no lo hace puede tener sanciones salariales o incluso ser despedidos. La pregunta clave sería entonces, ¿nuestros gobernantes merecen un aumento?

@leonugo
Escrito hecho para las Juventudes de Izquierda

viernes, 17 de mayo de 2013

Calladitos y corruptos

La corrupción es una constante en la vida diaria de nuestro país. La padecemos, la ejercemos, la toleramos, la negamos, la criticamos o la ocultamos, pero ahí está. No es fortuito que el Índice de Percepción de la Corrupción 2012 de Transparencia Internacional nos coloque en la posición 105 de 176 países evaluados. Ni siquiera nos podemos sentir a gusto si nos comparamos sólo con nuestros amigos latinoamericanos, ya que 19 países son mejor evaluados que nosotros. 

Por eso Peña Nieto dijo que la creación de una Comisión Anti-Corrupción y el fortalecimiento del IFAI serían de las primeras cosas que veríamos. Pasan los meses y lo único significativo ha sido el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, situación que, más allá de parecer el inicio de una cacería contra los corruptos personajes de la vida política nacional, se convirtió en la eliminación selectiva de agentes incómodos para el ejercicio del poder. Episodios que merecerían ser atendidos han salido a la palestra pública por montones: coches para hijos de líderes petroleros que cuestan casi 400,000 salarios mínimos; 445 millones de pesos que se reparte el Senado de la República sin rendirle cuentas a nadie; 500 millones de pesos que se le otorgan al SNTE (además de sus envidiables aumentos salariales) para "reforzar el programa Nacional de Carrera Magisterial" cuando hay una Reforma Educativa que va a invertir recursos precisamente para eso; flotillas enteras de coches último modelo que la Cámara de Diputados compra porque no es posible que los señores diputados viajen en inservibles automóviles modelo 2011 que son rematados en exorbitantes 20 mil pesos... La lista es larga, continua y extenuante.

Los políticos no se inmutan ni siquiera ante los casos más escandalosos porque todos tienen cola que les pisen. Para muestra, cuando el PAN salió a denunciar a los muchachos priístas veracruzanos por usar recursos públicos para comprar votos en las elecciones de julio, fue cuestión de horas para que la contra-ofensiva priísta fuera mostrar evidencias de que los panistas hicieron lo mismo con Oportunidades cuando estaban en la Presidencia. Todos saben que x político del otro partido es corrupto, nadie dice nada porque ellos también son cómplices de sus propios changarros. Si esperamos que el círculo se rompa desde adentro, deberíamos ir por una de esas sillas promocionales de las cervezas Tecate, porque la espera va a ser larga. 

El problema es que la respuesta de la ciudadanía a cada episodio es levantar la ceja y decir que así son esos políticos o, en el mejor de los casos, indignación que dura un par de días y ya. Cada semana un nuevo escándalo encubre al anterior y hay tantas situaciones que ni siquiera nos podemos dar abasto. ¿Cómo romper este círculo en el que hemos internalizado a la corrupción como una institución? ¿Cómo evitar que nosotros y los políticos permanezcamos calladitos y corruptos?

Ahí esta la pregunta de los 64 mil. Algunas agrupaciones ciudadanas van a la cacería de un caso particular, los periódicos de vez en cuando golpetean con una u otra nota de corrupción, pero castigar caso por caso hoy en día es como cortar unas cuantas cabezas de la Hidra. Necesitamos buscar un cambio absoluto en el paradigma mexicano. Sacar de nuestro ADN la displicencia ante la corrupción. No creo tener la capacidad para ofrecer una solución universal o efectiva, pero creo que hay que emprender una búsqueda ciudadana para encontrarla y aplicarla, porque a final de cuentas sería iluso creer que los políticos le van a hacer agujeros a sus propios bolsillos. 

Leonardo Núñez González
@leonugo

martes, 12 de febrero de 2013

Austeridad priísta: una foto de 376 mil pesos


El 11 de diciembre del año pasado el presidente Enrique Peña Nieto firmó un decreto de austeridad, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en el que planeaba reducir el gasto en servicios personales en hasta 5% por concepto de sueldos y salarios para niveles medios y superiores. El fondo discursivo es el uso eficiente de los recursos con los que cuenta el gobierno. 

No suena mal. Todos queremos que los gobiernos utilicen los recursos de una manera eficiente, ya que, a final de cuentas, el dinero que gastan es el nuestro. Sin embargo, pareciera que como sociedad somos completamente inmunes a la enorme cantidad de casos de dispendio y derroche. 

El caso más reciente fue la semana pasada, con el gasto excesivo de los legisladores en rentar automóviles del año, porque los coches modelo 2009 o 2010 que había, no eran de la talla de un legislador mexicano. Ellos merecen autos Corolla 2013 por los que no deberán pagar ni un solo peso. Nuestros eficientes legisladores lo valen. 

El problema no sólo es que hay recursos que se están desperdiciando a raudales, sino que en el proceso también seguimos arrastrando la estructura de compadrazgos y amiguismos que tanta tradición tiene en nuestro país. El 10 de febrero se publicaba en Reforma que los vehículos "obsoletos" fueron rematados, en promedio, en 14 mil pesos cada uno. Vaya que uno quisiera encontrarse en el mercado un coche modelo 2010 por ese precio.

El detalle es que nada nos indigna porque todo ocurre conforme al procedimiento legal o administrativo correspondiente. Seguramente cada adquisición y cada compra, a pesar de que sea una circulación perversa de beneficios entre compadres, está debidamente registrada y legalmente en orden. 

Otro ejemplo. ¿Cuánto pagaría usted por una sesión de fotografías? Una rápida búsqueda en internet le permite encontrar sesiones profesionales de fotografía por $6,000, con cambios de vestuario, maquillaje y peinado profesional y muchos otros beneficios. Nosotros, como consumidores, siempre tratamos de buscar el mejor precio. En teoría, el gobierno también. La ley marca que deben existir procedimientos de concursos para los contratos de adjudicación directa para que el gasto público se haga ante la empresa que presente las mejores condiciones y el menor precio.  

Pero cuando se trata de gastos para funcionarios públicos, esas cosas son irrelevantes, la clase política merece siempre lo mejor. Una búsqueda rápida en Compranet (ese portal que en su momento le dio unos dolores de cabeza espantosos a Vicente Fox y sus excéntricas toallas) revela cómo los procedimientos y las formas se siguen guardando, pero los contenidos siguen siendo perturbadores. 

Según consta en el oficio CGA/DGRMSG/DA/54/2012 de la Presidencia de la República (Disponible aquí: Oficio Sesión de Fotos Gabinete), una sesión fotográfica para el gabinete legal del Presidente, realizada del 28 al 31 de diciembre, tuvo un costo mínimo de $376,208.88. Pero eso puede ser comprensible, el gabinete está compuesto por muchos ciudadanos y por eso el costo. ¿Cuánto podría costar el servicio para la sesión fotográfica individual del Presidente de la República?

El oficio CGA/DGRMSG/DA/44/2012 (Disponible aqui: Oficio Sesión de Fotos EPN) señala que, sorpresivamente, la sesión de Enrique Peña fue incluso más cara: $376,420. ¿El mejor precio del mercado para una sesión profesional de fotos? Tal vez no.

Una de las características de las democracias contemporáneas reales es que la ciudadanía puede ejercer un control y vigilancia constante del gasto público, por lo que los desvíos de recursos y otras transacciones ilegales demandan elaborados sistemas para cubrir las huellas. Pero cuando los escándalos son descubiertos, vaya que causan revuelo y muchas cabezas son cortadas (metafóricamente). Sin embargo, nuestro incipiente sistema ni siquiera requiere eso, los escándalos y las muestras del derroche son patentes a cada momento y, como la ciudadanía no hace nada, ni es necesario ser tan sofisticado en el encubrimiento, el robo, fraude o desvío puede ser público y nada pasará.

Es momento de que seamos más críticos con la forma en que el gasto público es ejercido en todos los niveles. No sólo importa el derroche de recursos millonarios en administraciones estatales o federales, también importa la impunidad constante que se da en las finanzas de las entidades y gobiernos de todos los niveles día con día.

@leonugo


viernes, 16 de noviembre de 2012

De la democracia ateniense a la mediocridad del sorteo en la UACM


Si rastreamos dentro de la historia de la democracia, encontraremos que los textos clásicos referentes a la antigua Grecia mencionan que un método de elección, entre todos los existentes, poseía las características más cercanas y perfectas para la democracia: el sorteo. Como un método que proporciona igual probabilidad a los individuos de ser seleccionados, el sorteo se presenta como una opción incapaz de discriminar. Sin embargo, a pesar de ser el método de elección, por definición, más democrático, es interesante como su existencia ha desaparecido virtualmente en todos los aspectos fundamentales de las democracias representativas contemporáneas.

En su libro "Los principios del gobierno representativo", Bernard Manin hace un sugerente recorrido por la historia romana y las repúblicas italianas, así como por autores como Harrington, Montesquieu, Rousseau y los federalistas, para mostrar cómo, al final, prevaleció la idea de que se necesitaba un componente aristocrático para la composición del gobierno, y que la mejor forma de darle esa virtud aristocrática era mediante la elección.

El uso del sorteo en la política fue desechado debido a que en realidad la democracia moderna no requiere que todos los ciudadanos por igual tengan probabilidad de gobernar, sino que los gobernantes tienen que gobernar sólo con el consentimiento de los gobernados. Además, era necesario rechazar al método más democrático debido a que la democracia, en sentido puro, no era adecuada para nosotros. Como menciona Rousseau: "Si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente". 

Ahora bien, cuando se trata de educación, ¿deberíamos regirnos por los estándares democráticos? La respuesta intuitiva de todos es que sí. Todos deberíamos tener igual posibilidad de acceder a la educación, sin restricción alguna. Nadie debería quedar fuera del sistema educativo. Bajo esta premisa hemos construido sistemas de cobertura universales en los que se trata de proporcionar a todos un piso mínimo de oportunidades que llega, al menos en la letra, hasta la educación preparatoria. Hasta aquí todo bien. El problema aparece cuando se requiere el salto a la universidad, en la que los lugares, por diversas circunstancias, son limitados. Dos visiones se enfrentan: por un lado, los argumentos democráticos que dicen que todos deberían poder acceder por igual a la universidad; por el otro, la visión que demanda una meritocracia en la asignación. 

¿A quién pertenecen esos lugares? 

Cada año vemos movimientos de estudiantes rechazados de escuelas como la UNAM o el IPN que, con el simple argumento de merecer educación, desean ser aceptados, sin más, al igual que aquellos que superaron un proceso de selección. Como hay que permanecer democráticos, sistemas como el de la UACM han decidido que eso es una pretensión elitista que merece ser resuelta con democracia pura, es decir, sorteando los lugares.

La educación es un bien al que todos tenemos derecho, pero cuando hemos sido beneficiados con un paquete mínimo y no podemos superar una simple prueba estandarizada para avanzar al siguiente paso, ¿seguimos mereciendo ese derecho? Decir que sí es simplemente idolatrar a la mediocridad y que no importan los resultados que se obtengan, siempre tendrás un lugar bajo el erario público. Si supusiéramos que no hay escasez de lugares en la universidad y que todos pueden entrar, ¿seguiríamos idolatrando al fracaso dando lugares a quienes no pueden pasar un examen? 

Me parece que tenemos una visión sesgada en la que creemos que avanzamos todos o no avanza nadie; y mientras nosotros nos peleamos en una cubeta de cangrejos, todo el mundo nos rebasa cuando se promueven programas para apoyo a talentos, inversión en investigación de punta o desarrollo de sistemas educativos que permiten que sus estudiantes superen un simple examen de lectura y escritura.

Es necesario replantearnos un sistema que combine ambas perspectivas, una visión democrática igualitaria en la que no haya justificación alguna para negar un piso mínimo educativo; pero que reconozca que debe haber un punto en que la evaluación debe hacerse y quiénes no le dieron el uso que deberían, no pueden seguir siendo partícipes del beneficio. Caso contrario, promovemos conductas mediocres que se reproducen en círculos viciosos hacia el infinito.

Evidentemente el caso mexicano presenta muchas complicaciones dada nuestra situación de desigualdad, pobreza, sindicalismo charro y demás características de nuestra pobre patria. Decir que hay que negar espacios educativos puede sonar profundamente desconectado de la realidad, pero me parece que bajo esas justificaciones nos impedimos ver los modelos de conductas de mediocridad recompensada que seguimos promoviendo.

Caso aparte es cuando se trata de personas cuyo contexto no pueden hacer que comparemos con el mismo estándar: el campo y la ciudad; pero cuando los que reclaman y a los que se les premia por la mediocridad son jóvenes de clase media de la ciudad, no hay una justificación válida para recompensar su mediocridad.

Me parece que la consecuencia se hace evidente con un simple vistazo a la UACM, dar recompensas sin probar su merecimiento ha desembocado en un sistema mediocre con resultados sumamente cuestionables, en los que más de una década de existencia no ha logrado más que unas decenas de egresados a un costo por año que en 2012 rondó los 855 millones de pesos.

Entonces tal vez lo que necesitemos en el ámbito educativo no sea solamente democracia.