En septiembre de 2013 el Servicio de Administración Tributaria perdió un litigio contra Wal-Mart en el que, por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), tuvo que devolverle 132.4 millones de pesos. El mercado para la evasión fiscal y la devolución millonaria de impuestos es algo común en nuestro país. El texto de Saúl López Noriega "Manual para (no) pagar impuestos" relata claramente cómo muchos han hecho un buen negocio con esto y que el boquete que representa la evasión fiscal es de casi 1.8% del PIB nacional.
Este no es el único punto de fuga fiscal, ya que legalmente las empresas pueden eludir impuestos mediante la aplicación de exenciones fiscales. Según datos de la SHCP, en 2013 la aplicación de los regímenes de excepción se calculó en 590.8 millones de pesos, igual a 3.68 puntos del PIB. Si sumamos ambas cifras, eso significa que hay una pérdida de recaudación fiscal de casi 5.5% del Producto Interno Bruto.
Esta cifra no es menor si la ponemos en perspectiva: en 2013 Hacienda recaudó 10.2% del PIB en impuestos. La reforma hacendaria del año pasado se propuso incrementar la recaudación en 1.4 puntos del PIB. México recaudaría 50% más de lo que hace actualmente si combatiera la elusión y la evasión en lugar de buscar incrementar las tasas de impuestos a los contribuyentes cautivos.
Pero el combatir a quiénes se benefician de este sistema sería como si el gobierno se disparara en el pie, porque muchos de quiénes están en este grupo son prominentes y cercanos amigos o colaboradores de quienes están en el poder. Esta frase parece caer en la burda crítica de que los políticos ayudan a sus amigos y siempre los benefician, pero el problema es que en México no podemos ir más allá del sospechosismo porque no hay modo de negarlo o confirmarlo. ¿Por qué?
Porque en México saber quiénes se benefician de las exenciones y devoluciones fiscales es ilegal. En julio de 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el caso 699/2011, en el que el "secreto fiscal", es decir, la confidencialidad de la información personal de los contribuyentes, no era sujeto del principio constitucional de máxima publicidad y transparencia. La resolución dice que sí deberíamos saber los montos de devoluciones fiscales, pero no los nombres y apellidos de los beneficiarios. Aparentemente podría afectar al interés público que la ciudadanía sepa quiénes son los consentidos de Hacienda.
Para poner la cuestión en términos comparativos, valdría la pena saber qué sucede en otras sociedades:
En Noruega anualmente el gobierno publica una lista llamada "Skattelister" con los ingresos, activos e impuestos pagados por todos los ciudadanos. Se realiza desde 1863 y no sólo aparece su información financiera y fiscal, sino su edad, dirección y teléfono. La lista es pública y desde 2001 se sube a internet. Si usted quiere saber cuánto gana, cuántos impuestos pago o en donde viven las personas más ricas, no necesita más que entrar a este sitio: http://skattelister.no/
En Finlandia la administración tributaria publica anualmente una lista similar, sólo que si un ciudadano quiere buscar información, cada consulta tiene un costo de 36 centavos de dólar. Pero esencialmente es pública.
En Suecia la información de los contribuyentes y la correspondiente a la devolución de impuestos es pública desde 1903. Aquí hay un "tax calendar", en el que cada año se publica la información por etapas, comenzando por los contribuyentes promedio y terminando por los más altos contribuyentes. Al final, si quieres puedes comprar en línea cada uno de los "paquetes", el de los más ricos o el de la gente con ingresos promedio y te los envían físicamente. Cuestan 262 coronas, algo así como 640 pesos. Cualquiera puede ordenar este compendio y lo envían físicamente a tu domicilio, basta entrar a esta página: http://www.taxeringskalender.com/
En México, hace un par de meses se desató un escándalo porque el SAT publicó una lista de los contribuyentes morosos. Aparentemente esta decisión va en el sentido correcto, pero si consideramos los números y la información previa, es más relevante saber a quiénes y cómo se está beneficiando. Si nos comparamos con los países nórdicos, estamos a años luz de equiparar la cultura fiscal que los anima, pero eso no impide que tratemos de dar pasos en la dirección adecuada.
En tanto el gobierno siga beneficiando y ocultando a quiénes son sujetos de este buen trato fiscal, no habrá condiciones para legitimar los incrementos en los impuestos o cualquier tipo de acción gubernamental. En los países descritos previamente el pacto fiscal se sustenta en el conocimiento generalizado de que uno paga impuestos porque los otros también lo hacen y quienes se benefician de regímenes especiales tienen cara y dirección. Mientras nosotros no tengamos material y evidencia para dejar de sentirnos contribuyentes cautivos, pedirnos estar de acuerdo con este arreglo fiscal se vuelve risible.
@leonugo
