No suena mal. Todos queremos que los gobiernos utilicen los recursos de una manera eficiente, ya que, a final de cuentas, el dinero que gastan es el nuestro. Sin embargo, pareciera que como sociedad somos completamente inmunes a la enorme cantidad de casos de dispendio y derroche.
El caso más reciente fue la semana pasada, con el gasto excesivo de los legisladores en rentar automóviles del año, porque los coches modelo 2009 o 2010 que había, no eran de la talla de un legislador mexicano. Ellos merecen autos Corolla 2013 por los que no deberán pagar ni un solo peso. Nuestros eficientes legisladores lo valen.
El problema no sólo es que hay recursos que se están desperdiciando a raudales, sino que en el proceso también seguimos arrastrando la estructura de compadrazgos y amiguismos que tanta tradición tiene en nuestro país. El 10 de febrero se publicaba en Reforma que los vehículos "obsoletos" fueron rematados, en promedio, en 14 mil pesos cada uno. Vaya que uno quisiera encontrarse en el mercado un coche modelo 2010 por ese precio.
El detalle es que nada nos indigna porque todo ocurre conforme al procedimiento legal o administrativo correspondiente. Seguramente cada adquisición y cada compra, a pesar de que sea una circulación perversa de beneficios entre compadres, está debidamente registrada y legalmente en orden.
Otro ejemplo. ¿Cuánto pagaría usted por una sesión de fotografías? Una rápida búsqueda en internet le permite encontrar sesiones profesionales de fotografía por $6,000, con cambios de vestuario, maquillaje y peinado profesional y muchos otros beneficios. Nosotros, como consumidores, siempre tratamos de buscar el mejor precio. En teoría, el gobierno también. La ley marca que deben existir procedimientos de concursos para los contratos de adjudicación directa para que el gasto público se haga ante la empresa que presente las mejores condiciones y el menor precio.
Pero cuando se trata de gastos para funcionarios públicos, esas cosas son irrelevantes, la clase política merece siempre lo mejor. Una búsqueda rápida en Compranet (ese portal que en su momento le dio unos dolores de cabeza espantosos a Vicente Fox y sus excéntricas toallas) revela cómo los procedimientos y las formas se siguen guardando, pero los contenidos siguen siendo perturbadores.
Según consta en el oficio CGA/DGRMSG/DA/54/2012 de la Presidencia de la República (Disponible aquí: Oficio Sesión de Fotos Gabinete), una sesión fotográfica para el gabinete legal del Presidente, realizada del 28 al 31 de diciembre, tuvo un costo mínimo de $376,208.88. Pero eso puede ser comprensible, el gabinete está compuesto por muchos ciudadanos y por eso el costo. ¿Cuánto podría costar el servicio para la sesión fotográfica individual del Presidente de la República?
El oficio CGA/DGRMSG/DA/44/2012 (Disponible aqui: Oficio Sesión de Fotos EPN) señala que, sorpresivamente, la sesión de Enrique Peña fue incluso más cara: $376,420. ¿El mejor precio del mercado para una sesión profesional de fotos? Tal vez no.
Una de las características de las democracias contemporáneas reales es que la ciudadanía puede ejercer un control y vigilancia constante del gasto público, por lo que los desvíos de recursos y otras transacciones ilegales demandan elaborados sistemas para cubrir las huellas. Pero cuando los escándalos son descubiertos, vaya que causan revuelo y muchas cabezas son cortadas (metafóricamente). Sin embargo, nuestro incipiente sistema ni siquiera requiere eso, los escándalos y las muestras del derroche son patentes a cada momento y, como la ciudadanía no hace nada, ni es necesario ser tan sofisticado en el encubrimiento, el robo, fraude o desvío puede ser público y nada pasará.
Es momento de que seamos más críticos con la forma en que el gasto público es ejercido en todos los niveles. No sólo importa el derroche de recursos millonarios en administraciones estatales o federales, también importa la impunidad constante que se da en las finanzas de las entidades y gobiernos de todos los niveles día con día.
@leonugo
