Una encrucijada ciudadana: El abstencionismo y el voto nulo
El sistema electoral en México ha sufrido una gran cantidad de modificaciones a lo largo de los años: la instauración del sufragio universal, el reconocimiento de nuevos partidos políticos, la creación de un organismo descentralizado encargado de las elecciones, entre otras. Sin embargo, al margen de los resultados electorales y como una amenaza de la legitimidad de los ganadores, puede notarse un fenómeno particularmente destacable: el abstencionismo.
¿Qué puede estar mal en un país en el que más de 55% de los ciudadanos no se presenta a votar? [1] ¿Qué puede incidir en la voluntad de un ciudadano para negarse a hacer efectivos sus derechos y obligaciones políticas? Las teorías son diversas, pero una posibilidad figura entre todas las teorías: el descontento social. El objetivo del presente ensayo es mostrar algunos factores que pueden modificar los niveles de participación durante los comicios, así como la entrada en escena de un tipo de abstencionismo que difiere de los paradigmas anteriores y puede ser considerado como un indicador del descontento social: el voto nulo.
Para el desarrollo de este trabajo, en primer lugar, se definirán los fundamentos legales que establecen la relación entre la ciudadanía y el voto. Después, se mostrarán algunos de los factores que pueden ser considerados como estratégicos para la determinación de los niveles de abstencionismo. Finalmente, se desarrollará la teoría del descontento social y su incipiente manifestación a través del voto nulo, para poder llegar a la conclusión de que los indicadores en aumento de abstencionismo y votos nulos pueden representar una amenaza a la legitimidad y estabilidad política.
La esencia de la democracia contemporánea se basa en la participación ciudadana, misma que puede ser determinada con cierta precisión a través del voto.[2] Por ello, es preciso determinar cómo ha sido la relación existente entre el ciudadano y el voto mediante dos perspectivas: la evolución histórica del sistema político mexicano y la normatividad vigente que rige esta relación.
A partir de la instauración del sistema posrevolucionario la ciudadanía tenía cierto grado de participación en la vida política nacional, limitado en alguna medida por la hegemonía absoluta que gozaba el partido en el poder. Sin embargo, la historia de la democracia mexicana ha tenido tres momentos destacables que modificaron las reglas del juego político. En primer lugar, la promulgación de la Ley Electoral de 1946 abrió el camino para la diversidad política dentro de la esfera pública nacional, ya que por primera vez se registraron partidos políticos de oposición, tales como el Partido Acción Nacional, el Partido Democrático Mexicano, el Partido Nacional Constitucionalista, etcétera. En segundo lugar, la Reforma Electoral de 1977 trajo consigo dos cambios fundamentales: el registro de partidos políticos condicionados a los resultados electorales y el reconocimiento de la participación política de la ciudadanía organizada. Finalmente, en agosto de 1990 se creó una institución que marcó un referente obligado para la política y la democracia nacional, el Instituto Federal Electoral.[3]
La relación jurídica existente entre el voto y el ciudadano es una cuestión ambigua, pero a la vez interesante. La Carta Magna establece, en sus artículos 35 y 36 que el voto es, al mismo tiempo, un derecho y una obligación de los ciudadanos mexicanos. Esta doble acepción hace patente una concepción bipolar de la participación ciudadana. Por un lado, se establece que el derecho para elegir a los gobernantes es exclusivo de los ciudadanos que no se encuentren impedidos para ello, es decir, aquellos que cumplan con los requisitos necesarios para la obtención de la ciudadanía y que gocen de sus derechos políticos de manera normal. Por el otro, la Constitución expresa que los ciudadanos tienen la obligación de votar, pero no existe ninguna disposición adicional que permita hacer cumplir esta disposición, lo que hace que la votación sea una obligación in jure y no de facto.[4] De esta manera, puede notarse que los recursos para determinar los niveles de abstencionismo se encuentran limitados, al no tener un marco que defina, mida y obligue a la participación total de los ciudadanos durante los comicios.
Es debido a esto que debemos analizar la realidad nacional para poder determinar qué factores pueden incidir directamente en la decisión de un elector para no votar el día de los comicios y así negar su derecho mientras evade su obligación. Para poder comprender este fenómeno en el presente, puede acudirse a un referente histórico de la Francia revolucionaria, en la que la baja participación ciudadana en las elecciones se debía a la enorme complejidad administrativa que elevaba exponencialmente el costo a los electores.[5] José Antonio Crespo utiliza este referente para ofrecer tres factores que pueden determinar ciertos niveles de abstencionismo: la dificultad para el registro y obtención de la credencial de elector, así como las dificultades técnicas que implica no poder sufragar fuera de la demarcación de residencia; la distribución y logística del sistema de casillas, que puede evitar que un ciudadano participe debido a la lejanía de la única urna en la que debe depositar su voto, y la frecuencia de los ciclos electorales, ya que el sistema presidencialista mexicano modifica la percepción del ciudadano, el cual otorga mayor importancia a su voto durante la elección del mandatario nacional que a la de sus representantes en los cuerpos legislativos.[6]
Estos factores logísticos podrían explicar una porción del electorado que no emite su voto el día de la elección, pero es imposible pensar que estos inconvenientes logísticos expliquen tasas de abstencionismo superiores a 50% tan sólo en los comicios de 2003 y 2009.[7] Alguna otra característica escapa al análisis, o a la mesura, de algunos investigadores del tema: el descontento social. Para poder comprender de mejor manera esta teoría puede recurrirse al análisis del voto nulo.
Generalmente se estima que el número de votos nulos es insignificante con respecto del número de votos válidos y al número de votos no emitidos (abstencionismo).[8] Pero cuando el análisis llega a las elecciones correspondientes a 2009, una discontinuidad es apreciable: un porcentaje de votos nulos superior a 5% en los comicios federales[9] y, de manera aún más notable, 10% de votos nulos en las elecciones en el Distrito Federal.[10] Sin duda alguna un fenómeno está ocurriendo, por lo que debe hacerse una pausa para conocer un poco más acerca del voto nulo.
El artículo 274 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece lo que se considerará como un voto nulo:
a) Aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, sin haber marcado ningún cuadro que contenga el emblema de un partido político; y
b) Cuando el elector marque dos o más cuadros sin existir coalición entre los partidos cuyos emblemas hayan sido marcados;
De tal manera, existe la posibilidad de que cierto número de los votos anulados correspondan a los sectores más bajos de la sociedad, en los que el analfabetismo puede ocasionar que los electores cometan errores al el momento de marcar la boleta electoral. Sin embargo, las cifras de alfabetismo en el Distrito Federal, cerca del 97% de la población,[11] no corresponden con esta teoría al momento de cotejarla con la anulación de los votos. Entonces la proliferación de los votos nulos no es ocasionado por la ignorancia, y, de igual manera, los factores que Crespo menciona tienen menor relevancia en el ámbito capitalino.
El voto nulo, cuando no es originado por la ignorancia y la desinformación, es, por antonomasia, un voto de castigo; ya que manifiesta un rechazo radical y total al sistema de partidos tal como se presenta en el momento de las elecciones, sin cuestionar la validez del sistema electoral.[12] Es entonces que el ciudadano cuenta con una vía de manifestación de su descontento con el sistema partidocrático, la anulación de su voto. Esto nos puede ofrecer una explicación del por qué no se encuentra reglamentado un código que obligue a la ciudadanía a votar: es probable que un gran porcentaje de los ciudadanos que se abstienen de emitir su voto, y que no son afectados por los factores logísticos que se han mencionado previamente, sean partícipes del mismo descontento que los electores que anulan su voto manifiestan, pero no consideran pertinente hacerlo notar en las urnas. Entonces, sí se obligara a la población a votar, las cifras de nulificación de votos aumentarían aún más, lo que pondría en riesgo la legitimidad de los ganadores de los puestos de elección popular.
Es así que ambas opciones electorales, la abstención y el voto nulo, se presentan como un reflejo del descontento ciudadano, cuando no son producto de las condiciones descritas previamente, y expresan un esbozo de interés en el mejoramiento de los sistemas políticos vigentes. Si la democracia en México desea ser perpetuada, no puede dejarse de lado el incipiente rechazo que la sociedad tiene por su clase política, por lo que las políticas no deben esperar a que las cifras de abstencionismo y nulificación aumenten, lo que colocaría a la nación en una coyuntura sumamente problemática, sino que deben velar por la representación de los intereses de los gobernados y el bienestar de su población.
[1] Instituto Federal Electoral. Estadísticas y Resultados Electorales. http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Historico_de_Resultados_Electorales/ (Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2009). En adelante: Estadísticas y Resultados del IFE.
[2] James David Barber, El ciudadano político: Relación entre la cultura y la actitud política (México: Editores Asociados, 1973), 4-10.
[3] Bruno Lutz, “La participación electoral inconclusa: Abstencionismo y votación nula en México”, Revista Mexicana de Sociología, Vol. 67 No. 4 (Universidad Nacional Autónoma de México, 2004): 795-796. En adelante: Lutz, Abstencionismo y votación nula.
[5] Patrice Gueniffey, La revolución francesa y las elecciones; democracia y representación a fines del siglo XVIII (México: Fondo de Cultura Económica, 2001), Cap. V.
[6] José Antonio Crespo, México: Abstencionismo y desarrollo social, Documento de Trabajo, División de Estudios Políticos; 166 (México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2004), 12-13.
[10] Instituto Electoral del Distrito Federal. Resultados electorales de 2009. http://www.iedf.org.mx/index.php?cadena=resulta2009/r2009.php (Fecha de consulta: 28 de septiembre de 2009).
[11] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Información estadística del nivel educativo de la población. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=medu16&s=est&c=3284 (Fecha de consulta: 2 de octubre de 2009).
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